ACUERDO DE ACREDITACION INSTITUCIONAL N°76
UNIVERSIDAD LA REPUBLICA
En la 126ª sesión de la Comisión Nacional de Acreditación, de fecha 25 de julio de
2006, la Comisión adoptó el siguiente acuerdo:
1. La Guía para la Evaluación aprobada por la Comisión para el proceso de acreditación institucional, los criterios de evaluación que establecen el marco de elegibilidad para la evaluación, el informe de evaluación interna presentado por la Universidad La República, el informe de pares evaluadores emitido por el Comité que visitó la Universidad La República por encargo de la Comisión, las observaciones enviadas por la institución al informe de pares evaluadores y los antecedentes analizados en la sesión N° 126, de fecha 25 de julio de 2006 de
la Comisión.
2. Los términos de referencia para la evaluación de las áreas comunes aprobados por la Comisión, a saber:
a) Gestión institucional, que contempla el conjunto de políticas y mecanismos destinados a organizar las acciones y recursos – materiales, humanos y financieros – de la institución, en función de sus propósitos y fines declarados. Considera la organización y estructura institucional, el sistema de gobierno y la administración de recursos humanos, materiales y financieros.
b) Docencia de pregrado, que contempla las políticas y mecanismos destinados a asegurar la calidad de la provisión y los resultados de los programas de formación, tales como el diseño y condiciones de enseñanza de carreras y programas, el proceso de enseñanza, la dotación docente, la progresión de los estudiantes y los servicios que se les ofrece, el seguimiento de egresados, la utilización de los procesos o resultados de la investigación para mejorar la
calidad de la docencia.
3. Que la Universidad La República se sometió voluntariamente al sistema de acreditación institucional administrado por la Comisión, en las áreas comunes de gestión institucional y docencia de pregrado.
4. Que con fecha 31 de enero de 2006, se recibió en esta comisión el Informe de Evaluación Interna de la Universidad La República.
5. Que los días 9 y 12 de mayo de 2006 la Universidad La República fue visitada por un comité de pares evaluadores designado por la Comisión y previamente aprobado por la institución.
6. Que con fecha 6 de junio de 2006, el comité de pares evaluadores emitió un informe referido a cada una de las áreas evaluadas, teniendo como parámetro de evaluación los propósitos y fines declarados por la institución y la existencia formal y el funcionamiento eficaz de las políticas y mecanismos para avanzar hacia el cumplimiento de dichos propósitos, en las áreas de gestión
institucional y docencia de pregrado, de acuerdo a las orientaciones aprobadas por la Comisión Nacional de Acreditación.
7. Que dicho informe fue enviado a la Universidad La República para su conocimiento.
8. Que con carta de fecha 6 de julio de 2006, la Universidad La República comunicó a la Comisión sus comentarios y observaciones respecto del informe elaborado por el comité de pares evaluadores.
9. Que la Comisión Nacional de Acreditación analizó todos los antecedentes anteriormente mencionados en su sesión N° 126, de fecha 25 de julio de 2006.
10. Que los términos de referencia establecidos por la Comisión y sintetizados en los números 2 y 3 del presente acuerdo establecen los requisitos que debe cumplir una institución de educación superior en cada una de las áreas comunes y electivas contempladas en la evaluación para la acreditación institucional.
11. Que si bien dicha evaluación se centra principalmente en el análisis de procesos de autorregulación, resulta indispensable tomar en consideración la información referida a los recursos disponibles y los resultados obtenidos por la institución en el desarrollo de su quehacer académico.
12. Que, con relación a los mencionados términos de referencia, la institución presenta fortalezas y debilidades, que se sintetizan a continuación para cada una de las áreas en evaluación:
a) Gestión institucional
Los propósitos y fines institucionales son apropiados, se han definido explícitamente y son conocidos por los distintos estamentos, lo que otorga una clara identidad a la universidad, que además cuenta con una comunidad académica muy comprometida con el desarrollo de dichos propósitos. Sin embargo, el Plan Estratégico de Desarrollo no traduce estos propósitos en políticas concretas ni define metas y objetivos verificables que permitan monitorear su cumplimiento y orientar el desarrollo institucional.
La estructura institucional actual define un estilo de funcionamiento altamente jerárquico, centralizado y vertical, con escasa participación de las líneas de mandos medios en las instancias de toma de decisión; si bien la universidad cuenta con equipos calificados y comprometidos, existen pocas instancias de integración y coordinación.
La universidad cuenta con una gran cantidad y diversidad de reglamentos, resoluciones, manuales de procedimientos, formularios y pautas, relativas tanto a la gestión académica como financiera. Sin embargo, muchos de éstos no se aplican o su aplicación es discrecional, lo que no permite asegurar la homogeneidad en los procedimientos.
En cuanto a políticas y mecanismos de gestión de los recursos humanos, si bien existen criterios y perfiles que orientan la selección y contratación de académicos, su aplicación no es rigurosa, particularmente en las sedes. No se ha definido una política sistemática de evaluación docente, ni se aplican procesos de evaluación periódicos y formales del personal directivo. En cuanto a las actividades de perfeccionamiento, éstas no responden a un programa de formación de recursos humanos, sino a iniciativas individuales que pueden recibir apoyo institucional.
La universidad cuenta con información respecto de un número importante de sus procesos, pero carece de un sistema informatizado que le permita acceder a datos relevantes para la gestión en distintos niveles y en sus sedes. La creación de la Dirección de Estudios, Planificación y Auto evaluación puede constituir un avance significativo, cuyo impacto podrá verificarse en el mediano plazo.
La universidad ha hecho un esfuerzo importante por mejorar las condiciones generales de las instalaciones y recursos, pero no se obtuvo evidencia de un proyecto integral de desarrollo de infraestructura en función de los propósitos y decisiones institucionales.
La universidad se encuentra altamente endeudada y presenta problemas de liquidez. La expansión asociada al aumento de matrícula y la apertura de sedes no ha resultado en una mayor viabilidad financiera, sino en un incremento del gasto.
Las iniciativas de expansión en sedes y de oferta de carreras tienden a responder a demandas locales más que estudios técnicos que den cuenta de su factibilidad o de las capacidades de la universidad. Esto se agrava debido a la decisión de mantener en operación carreras claramente deficitarias debido al escaso número de alumnos matriculados en ellas.
b) Docencia conducente a título.
La universidad cuenta con propósitos claros con relación a la docencia de pregrado y a su población objetivo, que se traducen en evidencias de un alto compromiso con los estudiantes y con sus necesidades al momento del ingreso a la universidad. Así, cuenta con un programa de becas, programas desarrollados por la Dirección de Asuntos Estudiantiles y acciones de apoyo académico. Sin embargo, los recursos materiales y humanos destinados a las acciones de apoyo son muy disímiles, y se concentran exclusivamente en la sede Santiago.
La docencia constituye la actividad central de la universidad, a la que todos los actores de la gestión institucional contribuyen. Sin embargo, no se han implementado mecanismos que permitan diagnosticar y atender correctamente la progresión y logros académicos de los estudiantes, o para efectuar seguimiento de los egresados.
La universidad tiene procedimientos explícitos y formales para la definición de una nueva oferta educativa o modificaciones a las existentes, que siguen los lineamientos descriptivos del proceso de licenciamiento. Sin embargo, no cuenta con parámetros que permitan evaluar objetivamente las condiciones de funcionamiento y sustentar decisiones tendientes a mantener o cerrar carreras o sedes.
Si bien no se obtuvo evidencias de una política que entregue un marco de referencia curricular, metodológico y de evaluación anclado en un modelo educativo que refleje los valores y la misión institucional, se observó en los alumnos de la sede central un fuerte compromiso con el proyecto educativo. Por otra parte, si bien existen acciones específicas, entre las que se destaca la docencia transversal ofrecida por el Departamento de Estudios Generales, éstas son claramente deficitarias en las sedes.
Los mecanismos existentes para el control administrativo de la docencia y para el mejoramiento de la calidad no constituyen una política de aplicación general que contemple aspectos tales como la evaluación de la docencia o la incorporación de opiniones de los destinatarios y retroalimente al sistema para definir acciones de mejoramiento.
Si bien la universidad enfatiza la importancia de mantener un nivel equivalente de formación entre carreras impartidas en distintas sedes, aspectos tales como la disponibilidad de electivos, los recursos de apoyo a la docencia e incluso las orientaciones específicas de las asignaturas son muy heterogéneos.
La institución se ha preocupado de conformar un equipo docente para las funciones requeridas en el pregrado, especialmente en los niveles directivos de gestión académica, destacando los directores de escuela, jefes de carrera y coordinadores académicos.
La universidad declara el compromiso de incorporar progresivamente nuevos recursos humanos de planta con mayores calificaciones, pero no se aportan antecedentes que permitan asegurar que esta aspiración podrá concretarse de modo de enfrentar con éxito el proceso de expansión institucional y particularmente, las debilidades observadas en las sedes, dado su bajo nivel de matrícula y la dificultad para atraer y consolidar un cuerpo académico en regiones.
Se observa una preocupación y compromiso por mejorar la calidad de los recursos físicos y materiales; sin embargo, se aprecia una alta heterogeneidad en la dotación y calidad de los recursos con que cuentan los distintos programas académicos y áreas disciplinarias. Los recursos en las sedes son muy inferiores a los disponibles en Santiago, particularmente en lo que se refiere a biblioteca, cuya capacidad para prestar apoyo a la formación en las sedes es mínima.
La información relativa a los procesos docentes existe, pero tiene un débil nivel de formalización y no se encuentra informatizada, lo que dificulta su procesamiento y limita su capacidad para monitorear los logros académicos y la calidad de los procesos formativos. La universidad ha comprometido la existencia de un sistema estandarizado y público para fines del año 2006.
13. Que el proceso de evaluación interna se realizó siguiendo formalmente las etapas señaladas por la CNAP, y se constituyó en una instancia impulsora de un proceso de reflexión sobre la acción e incluso en la implementación de algunas medidas, tales como la creación de la Dirección de Estudio, Planificación y Auto evaluación. Sin embargo, el informe presentado es muy general, y refiere más bien a los planes futuros que a los aspectos actualmente existentes en la institución.
14. Muchas de las dificultades y debilidades observadas fueron señaladas por el Consejo Superior de Educación en el proceso conducente a la certificación de autonomía. Sin embargo, no se pudo observar que éstas hayan sido abordadas de manera eficaz por la institución, o que las acciones implementadas a propósito de dicho proceso se hayan mantenido en el tiempo.
15. Que, analizados la totalidad de los antecedentes reunidos durante el proceso de evaluación, la Comisión ha podido concluir que la Universidad La República no cumple con los criterios de evaluación definidos para las áreas comunes de gestión institucional y docencia de pregrado.
16. Que conforme a las alternativas de juicio definidas por la Comisión Nacional de Acreditación, no se acredita a la Universidad La República en esta oportunidad.
17. Que la Universidad La República podrá someterse voluntariamente a un nuevo proceso de acreditación, una vez transcurrido un año a partir la fecha del presente acuerdo. En tal oportunidad, deberá proceder de acuerdo con las disposiciones vigentes.
Ivan Lavados Montes
Pdte
Comisión Nacional de Acreditación
María José Lemaitre
Secretaria Técnica
Comisión Nacional de Acreditación
